En una columna publicada en la revista de ASIET de diciembre, los autores recuerdan que burocracia y regulación no son sinónimos y que la demora en los permisos es una barrera al desarrollo digital del país, tal como ha planteado la OCDE en estudios previos.
Escrita por: Alfie Ulloa, Presidente Ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (ChileTelcos) y Puppy Rojas, Gerente General, de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (ChileTelcos)
“INDISPENSABLE”. Así calificó el Comité de Expertos Sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial del Ministerio de Haciendo de Chile la necesidad de mejorar la institucionalidad de permisos en el país1. El comité reclama por una institucionalidad de permisos más expedita y simple, con menos espacios de discrecionalidad en las agencias y funcionarios, y con mayores niveles de predictibilidad y certeza en las normas.
Considerando solo el impacto financiero, acortar en un tercio los plazos promedio de tramitación de los permisos equivale a una reducción de la tasa corporativa de impuestos de 3.7 puntos porcentuales. Dicha reducción no solo permitiría que más proyectos fueran rentables –aumentando la inversión y el empleo– también aumentaría la recaudación fiscal en al menos US$940 millones por año.
En definitiva, todos ganan con mayor eficiencia en trámites y permisos, pues eleva la recaudación fiscal, anticipa y aumenta los niveles de inversión privada, y redunda en mejor empleo y mayor crecimiento del PIB.
La pregunta obvia entonces resulta ¿por qué seguimos como sociedad despilfarrando tiempo y recursos en burocracia e ineficiencias? Los países desarrollados han diseñado mecanismos de calidad regulatoria y procesos periódicos de revisión de la normativa legal, administrativa y técnica, de los que América Latina en general, y Chile en particular carecen.
Con gran detalle en su análisis, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad acaba de publicar un informe preliminar que profundiza en los procesos de tramitación de permisos para el sector telecomunicaciones de Chile.
El resultado de este trabajo demuestra que dicha necesidad de revisión y simplificación periódica es aún más relevante en el mercado de las telecomunicaciones dado sus acelerados ciclos de cambio tecnológico, cada vez mas frecuentes y profundos. Para tramitar una concesión de servicios públicos o intermedios de telecomunicaciones se necesitan 400 días de trámites, y una modificación demanda 263 días. Se requieren 286 días para tramitar permisos de rotura y reposición de pavimentos. Y para instalar una antena se precisa de 154 de trámites solo en el regulador sectorial, y 250 días para los trámites de obras en las municipalidades, aunque si la obra se instala en un bien nacional de uso público tramitarlo en promedio demanda 681 días. Extensos plazos que se contraponen al dinamismo de la industria de telecomunicaciones, en permanente cambio tecnológico. En sus palabras:
“A diferencia de otras legislaciones del área de las telecomunicaciones, nuestro sistema está diseñado para otorgar una autorización por cada tipo de servicio: de libre recepción o de radiodifusión (concesión), públicos (concesión), limitados (permiso), de aficionados a las radiocomunicaciones (licencia) e intermedios (concesión). Esto no sólo congestiona el proceso interno de revisión de solicitudes de SUBTEL —lo que incide en los extensos plazos—, sino que también atenta contra la convergencia”.
La reticencia y la demora en hacer frente a estos problemas le impone un costo enorme a la sociedad chilena, tanto al sector público, como a las empresas, y a los usuarios. La pesada carga regulatoria, la multiplicidad de actores, y la extensión de los plazos ya habían sido identificados como barreras al desarrollo digital en el país por la OECD en estudios previos.
También han sido denunciadas por las empresas y los gremios del país. A pesar de esto la tendencia a observar es la contraria, con más dispersión de agencias, más cargas regulatorias, más trámites y exigencias, y finalmente más burocracia. Burocracia y regulación no son sinónimos. El país y el sector requieren de normas claras, explicitas y expeditas que permitan desplegar redes, acelerar la adopción digital, y sobre todo atraer el capital privado que financia el 99% del despliegue de las redes. Eficientar la implementación de normas, simplificar los procesos para tramitarlas, y acortar los pasos y plazos asociados no implica debilitar la regulación, o desproteger los bienes públicos y sociales que la sociedad intenta proteger. Por el contrario, una regulación eficiente facilita el cumplimiento y la fiscalización.
Con todo, “la permisología” no es la única falencia de la regulación sectorial. Se siguen estableciendo leyes y normas para una realidad sectorial que ya no existe. Además de la convergencia tecnológica, los operadores enfrentan una reconfiguración de la cadena de valor con nuevos actores transnacionales que inducen una demanda creciente de inversiones insostenible en el largo plazo. En un escenario de márgenes estrechos y decrecientes, esto ha llevado a traspasar infraestructura y redes a operadores neutros e intermedios, para así generar flujos de caja que permitan mejorar los resultados y financiar las inversiones requeridas. Un ecosistema que se expande y en el que los operadores de telecomunicaciones tienen cada vez menos control La legislación y la normativa sectorial presentan un rezago importante para incorporar dichos cambios, abordar a los nuevos actores y modelos de negocios, y generar un escenario propicio que permita avanzar con el dinamismo que requiere el desarrollo del país para capturar los beneficios de la sociedad del conocimiento.