Desde aumentar las denuncias hasta GPS de grado militar son las medidas adoptadas por la incorporación de operadores locales, que piden más seguridad.
Hace décadas, la preocupación en materia de robos entre los operadores de telecomunicaciones estaba en las tiendas abiertas al público. Con los años, la inquietud se trasladó hacia los robos de cables, que interrumpen los servicios de internet y telefonía en el país. Ahora, el foco se encuentra en la vandalización a su infraestructura, en especial por un delito que afecta el funcionamiento de sus antenas móviles: el robo de baterías.
Algunas antenas deben contar con energía de respaldo que permita asegurar su continuidad operacional de servicios móviles. Según la normativa, las antenas que pertenecen al grupo de infraestructura crítica nivel 2 deben dar soporte por cuatro horas sin suministro eléctrico, en caso de cortes de electricidad —tal como ocurrió en el apagón de febrero de este año—. Otras torres son consideradas estratégicas y corresponden a infraestructura crítica de primera categoría, por lo que tienen respaldo hasta 48 horas.
Sin embargo, fuentes del sector aseguran que el cumplimiento de esta disposición se ha complejizado. Apuntan al fuerte incremento en los últimos años de los delitos asociados a la infraestructura de telecomunicaciones como una de las principales razones, y en particular a los robos de baterías, que ha generado un impacto operacional, mayores cargas económicas e, incluso, dificultaron el despliegue del 5G en el país.
En la industria relatan que las bandas organizadas dedicadas a estos delitos irrumpen donde se ubican las antenas, pese a que están alejadas de los centros urbanos. Rompen cerraduras o cercos perimetrales para extraer las baterías con herramientas especializadas.
Desde el gremio ChileTelcos (que agrupa a ClaroVTR, Entel, Movistar, WOM y Directv) afirman que el funcionamiento de las baterías es esencial para la continuidad de servicios, sobre todo en situaciones de emergencia. «Son el sistema de respaldo de las antenas en que se basa el servicio móvil, suministran energía a estas redes ante un corte de luz o una catástrofe, como un terremoto o un incendio forestal, y en localidades rurales o alejadas pueden ser la única fuente de energía», recalcan.
Entre enero y septiembre de este año se han efectuado 571 denuncias asociadas por robos de baterías, según constata el gremio ChileTelcos.
Según datos de sus socios, en 2023 se registraron 531 robos de baterías, mientras que en 2024 esta cifra ascendió a 995, un alza interanual de 87%. Las cifras a septiembre de 2025 revelan un total de 842 delitos vinculados al robo de baterías, un 58,5% más que los registros de 2023. Si bien todavía estas denuncias se ubican un 15,3% por debajo del año pasado, todavía queda por contabilizar los episodios del último trimestre del año.
Al cierre de septiembre, indican que los eventos de robo y vandalización a sitios móviles ascienden a 1.630, cifra que duplica lo registrado en 2023. Las denuncias también crecen: en 2023 se realizaron 289 asociadas a robo de baterías, y en 2024 aumentaron a 602. Entre enero y septiembre de este año se han efectuado 571 denuncias, detallan. Las personas que ejecutan o participan en el robo de baterías arriesgan penas de hasta cinco años de cárcel.
Altas fuentes de la industria señalan que esta situación es preocupante debido al aumento de la delincuencia en el sector, pese a que las antenas son consideradas infraestructura crítica.
Según ChileTelcos, entre 2023 y 2025, la mayor cantidad de robo de baterías se concentró en tres regiones: Metropolitana, con 556 episodios (un 28,07% del total país), Biobío, con 543 (27,41%), y Valparaíso, con 441 (22,26%). En el resto del país la incidencia es menor, aunque preocupa el aumento de estos delitos en Valparaíso y O’Higgins.
El fuerte aumento de los robos ha elevado la preocupación de los operadores locales. Según un catastro de Movistar Chile, desde 2024 a octubre de 2025, cerca de 2.000 baterías han sido sustraídas de sitios móviles, afectando más de 190 comunas. «Estamos impulsando medidas centradas en asegurar la continuidad de los servicios, que incluyen reforzar la seguridad física de los sitios, su trazabilidad y monitoreo, fortaleciendo además la colaboración con autoridades policiales y judiciales», dice Natalia Fuentes, gerenta del Área Seguridad de Movistar Chile.
En la firma de capitales españoles aseveran que este delito se ha consolidado como una práctica sistemática, protagonizada por bandas organizadas que comercializan las baterías en el mercado informal, a través de plataformas digitales como Marketplace de Facebook.
En tanto, desde WOM indicaron que los actos de vandalismo que atentan contra la infraestructura de telecomunicaciones se han convertido en «un tema de seguridad pública», dado que no solo afecta a privados, sino que también a «las personas que dependen de la conectividad, entendiendo que internet es un bien de uso público». Llaman a priorizar este problema a las futuras autoridades, y advierten que han enfrentado grandes costos, principalmente por la «reposición de equipos, reparaciones y el refuerzo particular que debemos asumir».
En el caso de Entel, Claudio Anabalón, gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales, señala que en la compañía han reportado un «16% de aumento en robos en 2024 respecto a 2023», y un alza interanual de 53% este año. Dice que han fortalecido las medidas para enfrentar este panorama, y la coordinación con autoridades. «Lo más efectivo ha sido la incorporación de sistemas de GPS de grado militar instalados dentro de las baterías (desde fábrica), permitiendo desarticular bandas dedicadas a este delito».
Para Cristián Salgado, vicepresidente Legal y Regulatorio en Claro Chile, el robo de baterías implica un alza en los costos provocados por estos episodios en toda la industria. «Genera pérdidas materiales que en 2025 bordean los US$ 500 millones, además de provocar daños a la conectividad de las personas». También remarca que «es parte de un problema mayor que enfrenta la industria: la actuación de bandas criminales en distintos frentes. Así como existe el robo de baterías, también vemos un fenómeno de mucha mayor escala: la piratería digital, operada por redes altamente organizadas». Le asigna a este ítem pérdidas estimadas por US$ 1.500 millones al año en América Latina, y de unos US$ 66 millones en Chile.